"La Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza" (ASDEN), cuyo NIF es G42005405, declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, con domicilio social en C/ García Solier, 20 (Soria), y dirección a efectos de notificaciones en el Apdo. de Correos 168 42080 (Soria), en su propio nombre y derecho ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria comparece y como mejor en derecho proceda

EXPONE:

Que en virtud del presente escrito es necesario la iniciación de un procedimiento sancionador por la roturación de terrenos forestales y apertura de pistas en el término municipal de Soria con la finalidad de la obligación de la restitución y reparación de los daños y perjuicios causados, con independencia de la sanción que se imponga.

Que esta parte, reúne los requisitos de legitimación exigidas en base:

• Al art. 35 del Decreto Legislativo 1/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de E.I.A. de Castilla y León, en base al ejercicio de la acción pública para exigir ante los órganos administrativos la observancia de lo establecido en esta Ley.
• A los Estatutos fundacionales de la Asociación, cuyos objetivos se recogen el art. 1 "la defensa del medio ambiente y de la calidad de vida. Protección y estudio de la naturaleza …"de conformidad literal con la Disposición Adicional decimotercera de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
• Sentencia del Tribunal Constitucional 34/1994, de 31 de enero, que reconocen a las Asociaciones ecologistas la condición de perjudicada en ilícito ecológico, legitimándolas para intervenir en un procedimiento administrativo sancionador en que se ventilen hechos relativos al ambiente natural.
• Sentencia número 48/02 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria, de 31 de julio de 2002, en la que se reconoce a esta parte la condición de interesada en el procedimiento administrativo sancionador, cuyos fundamentos jurídicos se dan aquí por reproducidos.

En base a los siguientes

HECHOS:

1. En el términos municipal de Soria, en el área de la Sierra del Picazo, Finca de Matamala se han realizado inicialmente las siguientes obras y actuaciones sin las pertinentes y preceptivas autorizaciones administrativas:

• Apertura de nuevos caminos, con una longitud total de más de dos kilómetros. Con pendientes superiores al 15 %, llegando incluso a superar en algunos tramos el 30% con compactación de la caja. Parte de los mismos discurren por fondo de valle, llegando hasta la misma ribera del Río Duero, en el Embalse de los Rábanos, en una vallejo inaccesible, enclavado entre la Sierra del Picazo y las Granjas de Cerdos, en un estado de conservación inmejorable desde un punto de vista medioambiental y paisajístico.
• Roturación de dos fincas, habiendo procedido a un laboreo total de dicha superficie, con un presunto motivo de siembra cinegética en una extensión que ronda la hectárea.

2. La anchura de los nuevos caminos es de unos cuatro metros, que han ocasionado importantes movimientos de tierras, no adaptadas a la topografía natural, tanto por los taludes, la altura de los desmontes y los terraplenes creados de más de dos metros.

3. Las obras se han realizado en fechas reciente, pues todavía están presentes las huellas de la maquinaria pesada que ha roturando, excavando y desbrozando en su integridad la cubierta vegetal por la que discurren la traza de los nuevos caminos y la superficie que ocupan los terrenos de siembra cinegética, en zonas de fuerte pendiente con graves riesgos de erosión.

4. Las obras ahora denunciadas estarían encuadradas, al parecer, en el Coto de Caza número 10.035, cuyo titular cinegético lo constituye la Compañía Mercantil Vapimala.

5. Todas las actuaciones relacionadas han sido realizadas con total alevosía, ostentoriedad, y por el "modus operandi", muy semejante a las realizadas por la Asociación Forestal de Soria, en la finca colindante ubicada en la Sierra Santa Ana. Mucho nos tememos que dichas obras hayan sido realizadas por sus técnicos, a sabiendas de su total ilegalidad, presumiendo la legalización de las mismas y de las escasas o nulas sanciones económicas que vulneran el principio de proporcionalidad, sus contactos políticos y el dinero público de las subvenciones para su realización.

6. La finalidad de las obras denunciadas es claramente cinegética y económica; con acceso motorizado a lugares antes inaccesibles, su función como tiraderos, puestos de caza y sembrados destinados para las especies cinegéticas de caza mayor.

7. Las obras realizadas se encuentran dentro de los supuestos en los que se hace preceptivo y obligatoria la realización de un Estudio de Impacto Ambiental, que contemplara los efectos sobre la fauna, suelo, flora y paisaje, demostrando los promotores de la mismas, un total desprecio por el medio ambiente.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

· Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. Art. 26.4.

· Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de Castilla y León. Anexo II, punto 1.2 "Pistas forestales de cualquier naturaleza, con pendiente en algún tramo superior al 15%...".En muchos tramos supera el 15%, llegando incluso hasta el 30% en algunos puntos.. Descubriendo la finalidad real de las actuaciones, la parcelación del monte en caminos mediante la utilización de éstos como tiraderos de caza, a la vez que su utilización para el acercamiento a los cazadores a los puestos a ubicar en los caminos con vehículos motorizados.
Art. 29.2 La sanción se debe imponer en su cuantía máxima, en función de los criterios determinantes:
Importancia del daño causado, queda acreditado por lo manifestado.
Grado de participación y beneficio obtenido por su titular, puesta en funcionamiento y uso de las obras para la finalidad cinegética, realización de monterías con aprovechamiento económico (Actividad productiva, beneficios en concepto de subvenciones otorgadas etc.)..
Art. 32. Responsabilidad. Restitución e indemnización sustitutoria. Al producirse una alteración de la realidad física y biológica acreditadas, su titular deberá proceder a la restauración de la zona afectada, con independencia de la sanción que se le imponga.
Art. 35. Acción Pública para exigir a los órganos administrativos y Tribunales la observancia de lo establecido en esta Ley.

· Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamentos de Montes. Art. 432. Arranque de encinas y ejecución de caminos, sin la preceptiva autorización. Roturación de terrenos forestales para sembrado cinegético. (Eliminación de toda la cobertura vegetal en los terrenos afectados por las obras, aparte del arbolado, el suelo estaba inicialmente tapizado por gayuba).

· Decreto 292/1991, de 10 de octubre, por el que se regula la roturación de terrenos forestales para su cultivo agrícola. Contraviene el Art. 2, y concurren además las circunstancias a) c) y d) del Art. 4.

· En el Plan General de Ordenación Urbana de Soria (B.O.P de 11 de mayo de 1994) clasifica la Sierra de Santa del Picazo, como suelo no urbanizable protegido en dos categorías: Con masa forestal y sin masa forestal.
Art. 36.7. Requerimiento de la preceptiva licencia municipal.
Art. 36.13. Afección de ejemplares de mas de 2 años y más de 8 centímetros.

· Ordenanza Municipal relativa a la Protección de Espacios Naturales. Art. 5.

· La Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León determina los actos en los que se requiere preceptivamente licencia en su art. 97 "desmontes, excavaciones y movimientos de tierras". Corresponde su autorización al Excmo. Ayuntamiento de Soria. Previamente a la licencia municipal, y de acuerdo con el art. 29.2 para el suelo rústico con protección, se requiere la autorización previa de la Comisión Territorial de Urbanismo.
La competencia en materia de protección de la legalidad, al afectar a materias sujetas a autorización en suelo rústico es compartida entre el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León. Art. 111.
Art. 25.1 c) "Usos prohibidos. Los incompatibles con la protección de cada categoría del suelo rústico, y en todo caso los que impliquen un riesgo relevante de erosión o deterioro medioambiental". Precepto íntegramente aplicable al caso que nos ocupa: fenómenos de erosión constatados, avalados por la fuerte pendiente, retirada de la cubierta vegetal, pérdida de masa arbórea y de especies autóctonas, parcelación del monte, deterioro paisajístico, alteración del hábitat que han llevado a un entorno magníficamente conservado a un deterioro que tardará años en recuperar y en algunos casos si no se adoptan medidas de protección de suelos, sus efectos serán irreversibles.
Según los valores que han servido para catalogar el suelo, por su valor forestal y paisajístico, las obras realizadas resultan totalmente incompatibles con su protección.
Art. 25.2 Autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo, información pública, etc. Autorización de usos excepcionales en suelo rústico.
Art. 97. Actos sujetos a licencia, por un uso excepcional, totalmente incompatible para preservar los valores que determinaron la calificación urbanística.
Art. 113.1 b La incoación de procedimiento sancionador de la Infracción urbanística y de restauración de la legalidad.
Art. 113.3 Usos incompatibles.
Art. 114. Protección de la legalidad frente a actos concluidos. Restauración de la legalidad.
Art. 115. Infracciones urbanísticas. Muy graves. Actuaciones calificadas como infracción grave en suelo rústico con protección.

· Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Art. 131.2 y 3 Principio de proporcionalidad "la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas".

· Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente.

· Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sentencia de 10 de octubre de 2000. Ar, 8455, ratificando el criterio de la del TSJ de Castilla La Mancha recurrida, va a confirmar la denegación de la solicitud de autorización de corta de encinas en un espacio natural no protegido atendiendo a las características de la especie vegetal, el peligro de extinción y la singularidad del emplazamiento en el aspecto paisajístico. Incidiendo en el hecho de que por que una zona determinada no haya sido objeto de especial protección, declarándola espacio natural protegido, no impide que en adelante pueda serlo, y la Administración pueda adoptar las medidas pertinentes para su conservación y sobre todo para evitar su desaparición.

Vistos los preceptos que se mencionan y los demás de pertinente y general aplicación y de acuerdo con el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esta Asociación

SOLICITA:

Que se tenga por presentado y admitido a trámite el presente escrito, y previas las comprobaciones oportunas, se dicte acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador oportuno, se proceda a restaurar la zona afectada, roturando las pistas forestales realizadas y las fincas de siembra cinegética para su posterior repoblación y restitución con especies del lugar, a costa de los infractores. Llamar a las responsabilidades a que hubiere lugar, no permitiendo bajo ningún concepto la legalización de las obras realizadas, ni la admisión de la política de hechos consumados. Al tratarse de obras no sujetas a legalización.

Que no se permita su utilización, por lo que se deberá proceder por parte de la Administración, a costa del infractor, a instalar un sistema de cierre de las nuevas pistas, hasta la total restauración de la zona afectada.

En el caso concreto, de que se esté tramitando el expediente sancionador oportuno, se tenga como parte en el procedimiento indicado, comunicándose a esta parte los actos administrativos que se dicten en el mismo y, en particular, se conceda el trámite de audiencia y se la notifique la resolución que ponga fina al procedimiento.

En el supuesto caso de ser objeto de subvención, se proceda a la denegación y exclusión de la/s misma/s, por incumplimiento de la legislación vigente referidas en los fundamentos de derecho.

Por medio del presente escrito, información, en base a la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente sobre los siguientes apartados:

· Si las obras realizadas han sido objeto de subvención, ya sea de forma directa o indirectamente a través de otra entidad.
· En caso afirmativo, objeto y finalidad de la misma, importe, plazo de ejecución, organismo/s que la otorgan, legislación aplicable, persona física o jurídica destinataria de la/s misma/s.
· Si dicha obras tienen alguna relación o vinculación con la Asociación Forestal de Soria y sus técnicos.
· Entidad que ha realizado el proyecto.
· Relación de documentos que forman parte del citado expediente, por si fuera de interés de esta actora solicitar copias y persona o personas bajo cuya responsabilidad se tramita.

AL SR. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SORIA.