• La Ordenanza de ZBE que pretende aprobar el Ayto. de Soria es irrelevante para la mejora de la calidad del aire y del bienestar de las personas.
• El Ayto. está incumpliendo los criterios básicos de información y participación pública, y puede dar lugar a la anulación de la Ordenanza de ZBE.
Una vez leída la ordenanza de regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que inicialmente ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Soria (BOP de Soria de 22/06/2026), la asociación ecologista soriana comunica que va a presentar alegaciones centradas en las siguientes cuestiones:
La Ordenanza reguladora de la ZBE de la ciudad de Soria puede ser anulada en un probable recurso judicial ya que su proceso de aprobación incumple la legislación sobre participación e información pública al ocultar el Proyecto Técnico de las Zonas de Bajas Emisiones que viene citado en el texto, y otros documentos que deberían formar parte del expediente de aprobación. Hay que resaltar que, una vez más, no se ha convocado al Consejo Municipal de Medioambiente.
Además, esta regulación no se contemplaba en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de 2019
Que la ciudad de Soria decida adoptar medidas para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera de forma voluntaria debería ser motivo de celebración para la ciudadanía en tanto que ello supondrá una mejora de la salud de su población. Ahora bien, para conseguir tales objetivos la ordenanza debería haber contemplado alternativas a la ZBE, como son la adopción de las siguientes medidas: diseño táctico urbano, planificación urbanística pensando en la proximidad y reducción de desplazamientos en la vida diaria de los habitantes, regulación del tráfico y del aparcamiento, transporte público, concienciación ciudadana, etc. Estas medidas ya venían en el PMUS y se deberían evaluar sus resultados, y en su caso actualizarlo.
El diseño de la Ordenanza responde a un criterio de «mínimos» para asegurar la recepción de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, careciendo de un compromiso político real para transformar la movilidad. Un ejemplo de esto es la inclusión artificial del parque de la Dehesa que no genera reducción de emisiones y supone un tercio del área de la ZBE.
La regulación de ZBE incluye excesivas excepciones, lo cual conlleva que el tráfico diario apenas varía respecto a la situación previa, y por lo tanto la reducción de emisiones y del tráfico rodado van a ser mínimas, y no van a tener efecto beneficioso sobre la salud y bienestar de los vecinos de esa zona y de toda la ciudad.
La regulación de la ZBE adopta el sistema de distintivos de la DGT que beneficia a las rentas altas que pueden adquirir vehículos nuevos de gran cilindrada que cumplen con los criterios; pero que pueden tener alta huella ecológica y mayores emisiones de partículas generadas por los neumáticos y frenos; en lugar de priorizar el transporte público o peatonal y motivar la reducción del uso de coche que en la ciudad de Soria en muchas ocasiones es prescindible. Algo que costará algún tiempo porque gran parte de la sociedad soriana todavía considera que el automóvil y el derecho a usarlo sin limitaciones es una prioridad vital, sin tener en cuenta sus efectos negativos para la salud y el bienestar.
La ordenanza carece de objetivos cuantitativos, medibles y vinculantes en el tiempo (por ejemplo: «reducir las partículas PM2.5 en un 30% en dos años» o «disminuir el paso de vehículos privados en un 40%»). Al no fijar metas ambientales claras en su articulado, el Ayuntamiento evita tener que rendir cuentas si la medida fracasa, convirtiendo la ordenanza en un reglamento punitivo y de control en lugar de una herramienta de política ambiental. Tal forma de actuar va en contra de la generación de una conciencia ambiental.
La ausencia de un debate y proceso de participación público eficaz ha generado una oposición política basada en la desinformación, en la polémica suscitada en otras ciudades y en el rechazo a la existencia de la contaminación en Soria.
Una de las cuestiones que más oposición genera es la instalación de cámaras de vigilancia, cuya ubicación no viene en la ordenanza ni ha sido sometida a consultas. Su colocación en calles como Nicolas Rabal y con otros objetivos, como son los de seguridad ciudadana y vial, debería ser ajena a esta ordenanza y al debate de respirar un aire de mejor calidad.
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