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Los motores de combustión emiten sustancias nocivas para la salud y el medioambiente.

Las emisiones contaminantes de los vehículos a motor (partículas, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles) tienen graves efectos sobre la salud humana, y así está demostrado: afecta al desarrollo cerebral de la infancia, al rendimiento escolar, provoca y agrava enfermedades respiratorias y alergias; además  está fuertemente relacionada con enfermedades cardiovasculares al penetrar en el torrente sanguíneo, causa  inflamación y estrés oxidativo; sin olvidar las enfermedades ligadas al ruido. El uso masivo del coche también deja reduce al mínimo  el espacio público para los peatones y para las relaciones sociales, sin olvidar los accidentes y muertes que se producen. Todos estos motivos son suficientes para que los habitantes de Soria minimicemos  el uso del coche para desplazarnos en la ciudad, donde casi todos los quehaceres diarios se pueden realizar a pie porque las distancias son inferiores a los 15-20 minutos.

La participación y concienciación social sobre los problemas de la contaminación y el tráfico son la base para lograr objetivos ambiciosos para la ciudad de Soria.

Conseguir un descenso de la contaminación producida por vehículos, y también reducir su uso, es complejo y  requiere información, debate, concienciación, acuerdos, y un compromiso social. Los beneficios que se pueden conseguir son muy importantes: una buena salud para las personas y un entorno habitable.

El Ayuntamiento de Soria; sin un previo trabajo de comunicación, diálogo social y concienciación; ha publicado en su sede electrónica un anuncio de una consulta para elaborar una Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuyas características nadie conoce, excepto que ha colocado 32 cámaras, 25 de ellas con lectura de matrículas, que vigilarán su perímetro y podrán sancionar otras infracciones de tráfico, identificar vehículos buscados por la Policía o la Justicia, es decir con otros objetivos distintos a la reducción de emisiones.

La Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria) ha alegado en este traḿite de consultas iniciales criticando la opacidad del Ayuntamiento en la difusión de la debida consulta, con falta de información para conocer los problemas de la contaminación  de la ciudad de Soria y los beneficios que proporcionará esta regulación,  o los cambios que supondrá en el uso de coche y la movilidad urbana.

Como ejemplo de tal deficiencia en los procesos de participación, es que no se ha convocado el Consejo de Medioambiente, al que la actual corporación no ha dotado de contenido; ni ha consultado directamente a las organizaciones y entidades sociales más representativas.

La Zona de Bajas Emisiones  (ZBE) debe ser un medio y no un objetivo.

En el texto del documento publicado por el Ayuntamiento sólo está claro que el objetivo de reducir la contaminación afectará a  29,68 hectáreas, es decir al 5% de las 550 hectáreas que aproximadamente tiene el casco urbano de Soria. Curiosamente de esta escasa superficie habría que descontar ⅓ :  las 9 hectáreas del Parque de la Alameda de Cervantes, cuya inclusión es inexplicable y debería ser rechazada por la Unión Europea.

Actualmente, y a falta de datos, la contaminación en la ZBE proyectada es escasa porque gran parte ya es peatonal o son calles que dan tránsito rodado solo a sus habitantes. 

Para la asociación ASDEN, la ZBE propuesta no supondrá una mejora de la calidad del aire  y de otros objetivos ambientales, bien porque ya están logrados o porque se pueden lograr sin esta ZBE.

Soluciones, ejemplos y alternativas para mejorar la ciudad de Soria.

En el documento publicado, el Ayuntamiento no considera más alternativas que la declaración de una ZBE y una única propuesta de delimitación; y todo ello con el objetivo confeso de poder recibir las subvenciones de la Unión Europea que exige la declaración de ZBE para acceder a las mismas, incluso cuando no hay obligación legal para establecerlas.

Si la Unión Europea es rigurosa con los criterios para dar ayudas económicas  es difícil que el proyecto y objetivos de la ZBE que plantea el Ayuntamiento sean aceptados.

Por tal motivo ASDEN le ha propuesto que:

-.Que se persiga el objetivo de reducir las emisiones y de tráfico  en toda o gran parte de la ciudad.

-.Se inicie un nuevo procedimiento de información y de consulta  activa para lograr  el máximo consenso social.

-.Que haya estudios y documentos previos que sirvan para analizar la situación actual y definir varias posibilidades y alternativas para conseguir esos objetivos.

Hay ejemplos de reducción de emisiones y ZBE más ambiciosos y factibles que el propuesto por el ayuntamiento.

La ciudad de Pontevedra (83.500 habitantes) es una referencia desde que empezó con el objetivo de reducir el tráfico 25 años antes de tener la obligación de establecer una ZBE. Cuando en 2023 tuvo que regular una ZBE, Pontevedra ya tenía hechos los deberes y logró que le aceptarán una modelo propio  de ZBE  sin necesidad de imponer peajes ni restricciones por etiquetas,  pudiendo transitar todo tipo de vehículos; pero con el objetivo de  reducir cada año un 3 % el tráfico de coches en gran parte de la ciudad, priorizando a los peatones, bicicletas y vehículos de movilidad personal, y reduciendo el espacio destinado al coche; así como   habilitando zonas de aparcamiento disuasorio  en la periferia para facilitar el acceso a la zona peatonalizada.

● Una resolución de la Junta de Castilla y León confirma el abandono del proyecto tras los informes negativos de la Dirección General  Patrimonio Natural sobre sus graves afecciones al medio ambiente.
● ASDEN había presentado alegaciones sobre la fragmentación fraudulenta de proyectos, la ocultación de impactos en espacios protegidos (ZEC) y la amenaza para las aves migratorias.

El Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León en Soria ha emitido la resolución que confirma que la empresa Danta de Energías, S.A. desiste de la tramitación del parque eólico y fotovoltaico «La Solana». Este complejo energético se componía de 3 aerogeneradores de grandes dimensiones, 7,3 hectáreas de placas fotovoltaicas en las localidades de Villarraso y Pobar (T.M. de Magaña), una subestación y líneas eléctricas.

El abandono del proyecto se produce tras un informe determinante de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que declaraba la propuesta como “ambientalmente inviable”.

Un modelo de implantación opaco y fragmentado. ASDEN alegó en su día que «La Solana» formaba una unidad operativa encubierta con el parque colindante de «Los Aguilillos» (de 6 aerogeneradores y del mismo promotor), compartiendo infraestructuras para intentar sortear una evaluación de impacto ambiental más rigurosa. Esta última instalación eólica ha recibido el visto bueno ambiental por parte de la Junta.

Entre los puntos críticos del proyecto La Solana que fueron alegados por ASDEN, destacan:

-Amenaza a rutas migratorias: La ubicación en la divisoria Duero-Ebro supone un «efecto barrera» letal para aves migratorias de gran tamaño. Se están colmatando los últimos pasillos libres sin una evaluación estratégica que considere el impacto acumulativo en el Sistema Ibérico.

-Afección directa a la Red Natura 2000: El promotor ocultó deliberadamente que el proyecto se situaba a solo 150 metros del ZEC Oncala-Valtarejos, actuando el vallado de las parcelas con placas solares como una barrera física en el límite del espacio protegido.

-Estudios de fauna mediocres: El catálogo presentado carecía de rigor científico; omitía nidos de rapaces existentes, citaba especies ausentes en la zona y carecía de estudios específicos sobre quirópteros (murciélagos).

-Ruido y contaminación: Los aerogeneradores modernos, mucho más grandes que los antiguos, proyectaban un impacto acústico inasumible para el pueblo de Pobar (a solo 1.350 metros). Además, el proyecto ignoraba la dispersión de grasas industriales tóxicas.

-Falta de planificación y de reparto justo. El abandono de «La Solana» es un caso puntual frente a una «avalancha» de macroproyectos eólicos que se aprueban sin una planificación regional o provincial que minimice los daños ambientales. En la comarca, recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado el visto bueno ambiental a los parques de Pasama y Cerro Magaña en Fuentes de Magaña.

Desde ASDEN recordamos que han pasado 27 años desde la inauguración del primer parque eólico en Soria y en Castilla y León (El Madero) sin que exista una planificación territorial seria, ni una regulación que garantice un reparto de beneficios bajo criterios sociales, geográficos y ambientales. El modelo actual solo responde a intereses empresariales y a la gestión de corto plazo de algunos municipios, que carecen de capacidad para valorar los problemas generados o para transformar los ingresos económicos en servicios reales que fijen población en el medio rural. Como así sucede con la construcción de pistas de pádel que se usan sólo unas pocas horas al año, e incluso una piscina climatizada en Suellacabras con 32 personas censadas.

-En Noviercas, la asociación ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria ha comunicado a la JCyL el vertido de digestatos en una finca agrícola que presuntamente incumplie la Ley de Residuos.
-El Ayuntamiento de Ólvega ha aprobado una nueva ordenanza de purines que incluye los digestatos de instalaciones de biogás dados los problemas que su vertido está produciendo en el municipio.
-Ólvega está tramitando la modificación de las normas urbanísticas para limitar la instalación de plantas de biogás en su municipio ante los efectos económicos y ambientales negativos que generan.

La Asociación ASDEN -Ecologistas en Acción de Soria ha recogido las quejas de vecinos de la zona del Moncayo soriano relativas al vertido de digestatos de la planta de tratamiento de purines y residuos; ya que se estan realizando de forma reiterada en las mismas parcelas y sin ser enterrados. La primera queja fue recibida en noviembre del año 2024, y el vecino la trasladó a la JCyL y a los agentes forestales.
Ahora han sido los vecinos de Noviercas los que han trasladado a la asociación ecologista vídeos y fotos de una parcela cubierta de reiterados vertidos de digestatos que no han sido tapados con su laboreo. Esta forma de actuar, presuntamente ilegal, ha sido la normal de la planta de biogás desde su inicio.
Ante la preocupación silenciosa y la falta de organización social en la zona, ASDEN ha presentado en el Servicio Territorial de Medio Ambiente una denuncia con objeto de conocer la tramitación del expediente administrativo y del resultado sancionador del mismo.

La acción de control, vigilancia y sanción de la Consejería de Medioambiente deja mucho que desear; en especial en la zona del Moncayo. A ello hay que añadir que la Evaluación de Impacto Ambiental y Autorización ambiental de esta instalación ha carecido de rigor técnico y administrativo. También es preocupante la defensa que el Consejero de Medioambiente, Suarez-Quiñones, ha hecho de los numerosos proyectos de biogás que se pretenden instalar en CyL.
En tal contexto tiene sentido que el Ayuntamiento de Ólvega haya aprobado recientemente una modificación de su ordenanza de purines para incluir en la misma a los digestatos por la queja de sus vecinos y empresarios tras ser testigos de las malas prácticas en su vertido. Ordenanza a la que la asociación ecologista presentó alegaciones, muchas de las cuales han sido aceptadas ante las deficiencias de algunos de sus artículos.
Además el Ayuntamiento de Ólvega está tramitando una modificación de sus normas urbanísticas para obstaculizar la instalación de nuevas plantas de biogás en su municipio, con objeto de alejarla de los cascos urbanos, de los espacios naturales con interés ambiental y de los campos agrícolas e industrias con calificación ecológica. Todo ello muestra lo perjudicial de estos proyectos que por ejemplo son rechazados por los viticultores y bodegas de la denominación Ribera de Duero.
Las grandes instalaciones de biogás carecen de una adecuada normativa, existiendo un vacío legal, algo que reconoce el Ministerio y la Junta de CyL a través de la promulgación varias instrucciones técnicas que pretenden solucionar tales deficiencias; así lo reconoce también el Ayto. de Ólvega en su propuesta de modificación urbanística. Todo ello da la razón a las numerosas asociaciones y plataformas que están mostrando su preocupación por estas instalaciones. En la provincia de Soria se tiene constancia de que se pretenden ubicar plantas de biogás en San Esteban de Gormaz, Matalebreras y Ágreda; en Langa de Duero hay una en trámite de información pública, y hay recelo en varios pueblos como Navalcaballo por el rumor que hay una en proyecto.
Por otro lado la presión empresarial y del Ayuntamiento de Ólvega está haciendo que los digestatos de su planta se vierten en los municipios vecinos, como es Noviercas con la aceptación de su Ayuntamiento.

El proyecto del parque eólico Ambil, que contempla la instalación de 6 aerogeneradores de 7,00 MW cada uno, sumando una potencia total de 42,00 MW, se encuentra actualmente en información pública hasta mañana, martes 29 de julio de 2025, según el BOCyL del 16 de junio de 2025. Este anuncio ha generado preocupación a asociaciones ecologistas y habitantes de la zona, quienes alertan sobre las graves deficiencias en su estudio de impacto ambiental y los potenciales efectos negativos en una zona ya saturada de instalaciones energéticas.

El proyecto Ambil se suma a la creciente proliferación de parques eólicos en el Moncayo soriano, una zona que ya acoge algunos de los parques más antiguos de la provincia (Sierra del Madero, Toranzo y Tablado), instalados hace más de 25 años bajo políticas ambientales que fueron excesivamente permisivas. Ahora, la intención es ocupar las faldas exteriores de estas sierras, lo que podría generar una barrera para el paso migratorio de la fauna y una saturación paisajística sin precedentes.

Falta de planificación y duplicidad administrativa

Una de las principales críticas es la ausencia de un plan de ordenación territorial que delimite la potencia y ocupación espacial de estos proyectos, así como un reparto más equitativo de los beneficios económicos con los menores impactos ambientales posibles. Un ejemplo de esta desorganización es la sorprendente tramitación, en la misma ubicación del proyecto Ambil (tramitado por la Junta de Castilla y León), de otro parque eólico denominado Los Llanillos. Este último, con 17 aerogeneradores y 112,2 MWn de potencia total, tiene abierto un expediente de Declaración de Impacto Ambiental con el Ministerio de Medio Ambiente, una «aberración jurídica» que evidencia una competición entre administraciones en lugar de una colaboración para garantizar los mayores beneficios ambientales y sociales.

 

Impactos ambientales críticos ignorados

La asociación ASDEN-Ecologistas en Acción considera que el proyecto Ambil tiene una serie de deficiencias ambientales graves que deberían conducir a una Declaración de Impacto Ambiental negativa, tal y como esta organización ha expresado en sus alegaciones

● Afección a aves esteparias: La zona de instalación de los aerogeneradores es de enorme interés para especies como el sisón común, el alcaraván común, la avutarda europea, la ganga ortega y el aguilucho cenizo, que crían en la zona. El estudio ambiental del proyecto, sin embargo, «evita su correcto estudio, omitiendo identificar su verdadero impacto».
● Entorno lagunar: El proyecto se sitúa en las proximidades del complejo lagunar de Ciria-Borobia-Noviercas, de gran interés hidrogeológico y crucial para aves esteparias y migratorias, un área que requeriría un proyecto de restauración y regeneración propio.
● Efecto barrera migratoria: Aunque el proyecto evalúa su efecto barrera sobre la migración y dispersión de la avifauna, reconociendo que la zona es un importante corredor migratorio, «falla en el estudio y análisis del efecto sinérgico con otros proyectos», lo que agrava el impacto en todo el sistema ibérico soriano.
● Cuello de botella en la evacuación: Las líneas de evacuación hacia la estación transformadora del Moncayo confluyen en el Estrecho del Araviana, donde ya existen dos líneas de alta tensión y hay muchas más en proyecto. Una planificación adecuada debería unificar estos tendidos para minimizar sus efectos.
● Cartografía ambiental deficiente: La cartografía ambiental de la Junta de Castilla y León califica la zona como de «incidencia media» para grandes aves planeadoras, a pesar de la presencia de un muladar, de que es una zona histórica de campeo frecuente y ser un paso clave entre colonias de cría del Moncayo y zonas de alimentación del llano soriano. Además, no considera la presencia frecuente de buitre negro ni la reciente cría de quebrantahuesos en la frontera con Zaragozaa escasos kilómetros.
● Uso indebido de vías pecuarias: El proyecto utiliza las vías pecuarias para el tránsito de maquinaria, un uso no agrícola que perjudica al ganado y a otros usos compatibles, además de los valores ambientales de estas vías.
● Contaminación por vertidos: El estudio de impacto ambiental omite la emisión de grasas, aceites e hidrocarburos durante la vida útil del parque (25-30 años), que se vierten sobre terrenos agrícolas y vegetación natural. Para ASDEN se debería aplicar la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para conocer su efecto tóxico y responsabilizar de su descontaminación al titular de la instalación.

La Asociación ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria ha comprobado que se han producido graves daños al suelo y vegetación en los terrenos autorizados y en las orillas del embalse de la Cuerda del Pozo donde carecían de autorización.

Numerosos videos y fotos disponibles en Internet prueban el incumplimiento de la autorización y numerosas ilegalidades en la circulación de motos de forma libre.

La C.H. del Duero ha emitido un informe previo a la celebración del festival que omitía los daños e ilegalidades de años anteriores, y no imponía medidas para evitar que se volvieran a repetir.

Los espectáculos moteros y la circulación sin ningún tipo de restricción del festival Motorbeach ha dañado la vegetación de las parcelas forestales donde tenían autorización incumpliendo las limitaciones impuestas. Tales daños también se observan en la orilla y terrenos del embalse de la Cuerda del Pozo; o lo que es lo mismo, dentro del Dominio Público Hidráulico (DPH) que es titularidad de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), en los cuales no estaba autorizado el tránsito de vehículos ni la ocupación del mismo. Una situación que se ha repetido por cuarto año consecutivo, sin que las administraciones (CHD, JCyL, Subdelegación del Gobierno y, sobre todo, el ayuntamiento de Vinuesa) hayan adoptado medidas preventivas y cautelares.

En las imágenes y videos  que varias personas han difundido y que han hecho llegar a la asociación ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria se puede ver: dos circuitos circulares de carreras, uno de ellos dentro del embalse; un circuito de motocros; un circuito de carreras en barro; otro de karts; y numerosos caminos y trochas abiertos por el repetido y frecuente tránsito de motos durante 4 días, en especial por la orilla del embalse. En concreto, el circuito de motocross nunca hubiera obtenido una autorización expresa para su creación por cuanto su trazado va a permanecer durante años en la zona sin que el Ayto adopte medidas para restaurarlo y evitar su uso. Hay que tener en cuenta que el festival ha promocionado y  hecho atractivo el lugar para disfrutar de la moto sin ninguna regulación ni respeto por el medioambiente y las normas de seguridad vial; y todo en un contexto provincial en el que se observa que las motos todo terreno transitan impunemente monte a través.

Imagen. Ejemplo de las numerosas rodadas de motos en la orilla del embalse.

Por otro lado, en estos días ASDEN ha tenido acceso al informe que emitió la CHD previamente a la celebración del festival de este año 2025 por cuanto tiene lugar en la faja de 100 metros en torno al embalse, lo que se llama técnicamente zona de policía. Tal informe se ha basado en informes previos a la celebración del festival en el verano del año 2024, y no ha tenido en cuenta el uso ilegal de la ribera del embalse como lo evidencian los videos publicados en internet, ni la foto satélite que atestigua la ubicación del circuito del donuts dentro del DPH,  ni la denuncia y sanción impuesta a tal festival por la propia CHD. Tal informe favorable indica  en el punto 1.7 de epígrafe Antecedentes: “… y que en los años anteriores en los que se ha celebrado el festival no han tenido lugar incidencias sobre el entorno”. 

El citado informe no imponía condiciones para impedir que los organizadores y participantes hicieran uso y circulasen motos o celebrasen espectáculos dentro del embalse, como lo muestran los videos e imágenes del festival que hay en internet y RRSS desde la primera edición en el año 2022 hasta la de este año 2025. Curiosamente la CHD sí que tiene constancia de alguna de esas actividades ilegales, como sucedió con unas actividades lúdico deportivas dentro del agua que tuvieron lugar en el año 2022, que es citada en la condición Tercera. Además en la condición Cuarta la CHD responsabiliza al organizador del festival de los daños que se puedan producir: “… deberá … reponer las márgenes del embalse de Cuerda del Pozo a su situación primitiva. Serán responsabilidad del solicitante los daños que se pudieran generar y la ejecución de las correspondientes medidas de restauración, si fuera el caso.” Cuestión que no fue exigida ni sancionada en el expediente sancionador del año 2024.

Imagen. Circuitos de motocross creado este año.

También hay que resaltar que el  informe hace sólo mención a la ubicación y actos que le aporta el promotor en su solicitud, los cuales no coinciden con lo que realmente han llevado a cabo durante el festival; por ejemplo la delimitación de zonas de aparcamiento o acampada que se indica en el mapa del informe; o la celebración de “…. espectáculos de motocicletas a cargo de especialistas” recogida en el antecedente 1.2 del Informe, cuando en realidad son actos de participación libre, y los vehículos aparcan y circulan por donde quieren, etc.

Con todo lo expuesto, con la visualización de los videos de festivales de años anteriores y de este año, con los daños al suelo y vegetación observados personalmente en la zona  que quedan reflejados en fotografías y videos tomados sobre el terreno y desde el aire, y tras estudiar el informe de la Confederación Hidrográfico; la asociación ASDEN concluye que el festival se celebra y autoriza con la excesiva permisividad de todas las administraciones y con una total falta de adopción de medidas preventivas y de control para exigir el cumplimiento de la autorización e informes ambientales, y también  de seguridad vial en tanto que el lugar no es un recinto cerrado ni delimitado, y se circula en terrenos (la orilla del embalse) donde no tienen autorización.  

Previamente a la celebración del Motorbeach 2025, y considerando los antecedentes de anteriores años,  la asociación ecologista puso en conocimiento de la JCyL, de la Confederación del Duero y del Subdelegado del Gobierno el probable incumplimiento de los informes y autorizaciones otorgados al festival, y se le solicitaba copia de la documentación incluida en el expediente. También se les pedía que  adoptaran medidas para evitar tales ilegalidades. Estas cuestiones ya les fueron trasladadas en el año 2022, pero las ignoraron.

La asociación ASDEN- Ecologistas en Acción de Soria; ante la aparición de opiniones y declaraciones en medios de comunicación tras publicar la existencia de una sanción de la CH. del Duero al festival Motorbeach del año 2024; manifiesta que es muy reprochable que autoridades como el Alcalde de Vinuesa defiendan la celebración de actos y de circulación de vehículos sin ningún control en un monte incumpliendo la propia autorización que él ha emitido y varias leyes; algunas tan importantes como la de prevención de incendios y seguridad vial; en razón al beneficio económico que generan. De ser así, se debería dar autorización y consentir otras muchas actividades ilegales por igual motivo en otras localidades que tienen el mismo derecho que Vinuesa. Una vez más, la demagogia del desarrollo económico inmediato para ciertas personas, localidades o empresas prevalece sobre las normas de convivencia e interés general que debería regir nuestra sociedad.

Por último, llama la atención  que los organizadores, que son una asociación, compartan portavoz o persona responsable, y  sede social y edificio con una escuela de surf y albergue que han desarrollado durante años sus actividades sin licencia ni autorización del Ayuntamiento de Castrillón de acuerdo al Auto dictado el 16 de Julio de 2025 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Oviedo que afirma “… ser evidente la voluntad rebelde de los administrados a cumplir con lo ordenado, que no es otra cosa que la clausura de una actividad clandestina”, procediendo la policía local a su precintado; tal y como recogen varios medios de comunicación locales y regionales de Asturias (https://www.lne.es/aviles/2025/07/17/alivio-salinas-orden-judicial-precinto-119774715.html).

Enlaces a otras informaciones relacionadas:

04/07/2025. Multan al Festival Motorbeach 2024 por ocupar el Embalse de la Cuerda del Pozo

20/07/2022. Heraldo -Diario de Soria. ASDEN muestra su preocupación por el impacto medioambiental del Motorbeach en Soria

Galería de imágenes y videos de los daños producidos.

Video desde el aire del estado de los terrenos tras la celebración del festival

El festival Motorbeach, conocido por su combinación de música y motociclismo, ha sido sancionado con una multa de 2.000 euros por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por la ocupación sin autorización del Dominio Público Hidráulico del Embalse de la Cuerda del Pozo, en Vinuesa; según la documentación a la que ha tenido acceso la asociación ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria.

El festival Motorbeach, que celebró su tercera edición en 2024, publicitaba y publicita la singularidad de poder circular libremente con motocicletas por el monte y la realización de espectáculos moteros a orillas de un embalse con playas naturales y rodeado de una de las mayores masas forestales de España. Para ello ha contado con la autorización de todas las administraciones.

En marzo de 2025, la CHD comunicó a ASDEN una resolución sancionadora contra el promotor del Motorbeach 2024, una asociación de festejos, por un importe de 2.000 euros. La sanción se impuso por «Incumplimiento de la resolución AG-0204/24 de ocupación temporal del dominio público hidráulico del embalse de la Cuerda del Pozo con instalaciones desmontables y derivación temporal de agua del embalse sin autorización«.

ASDEN resalta que la resolución no menciona explícitamente la circulación de vehículos a motor dentro del Dominio Público Hidráulico ni los siguientes espectáculos moteros: una carrera circular, un campo de fútbol y paintball con motos, una carrera en barro y desfiles diarios de cientos de motos por la orilla del embalse, a pesar de que tenían los antecedentes de  años anteriores.

Ya en el año 2022, la asociación ASDEN alertó a la Confederación, al Ayuntamiento de Vinuesa y a la Junta de Castilla y León sobre la necesidad de adoptar medidas de vigilancia y control para evitar afecciones al embalse que suministra agua potable a la ciudad de Soria y de otras localidades, obteniendo el silencio como respuesta. Sólo el Ayto. de Vinuesa respondió para indicar que como autoridad competente, de acuerdo a la Ley 7/2006 de espectáculos públicos de CyL, había emitido la autorización, y que la Guardia Civil era la encargada de la vigilancia. Paradójicamente en la sanción de la Confederación del año 2024  sólo aparecen como denunciantes los Guardas Fluviales. En los próximos días de julio de 2025 va a volver a celebrarse nuevamente este festival, en cuya página web divulgan un video promocional con imágenes de los espectáculos moteros del año 2024 que tuvieron lugar junto al agua o en zonas que pertenecen al pantano y para las que no tenían autorización. Aún así, en la inauguración oficial del festival del 2024 estuvieron presentes: el subdelegado del Gobierno, el Alcalde de Vinuesa y altos representantes de la Guardia Civil que fueron testigos de los hechos descritos.

– El ayuntamiento de Soria está aprobando la Ordenanza de tasas de basuras incumpliendo las obligaciones legales de acceso a la documentación e información pública.

– La falta de participación ciudadana puede dar lugar a la anulación judicial de la Ordenanza de tasas de basuras de Soria.

– El Consejo Municipal de Medioambiente no es consultado en la elaboración de las ordenanzas ambientales y en otros planes municipales, ni a sus miembros se les comunica la existencia de procedimientos de participación ciudadana.

– Asden-Ecologistas en Acción de Soria publica la Ordenanza de tasas de basuras para que los habitantes de Soria conozcan directamente su contenido.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Soria del 26 de febrero de 2025 el Ayto de Soria publicó un anuncio que literalmente decía: “se somete a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias …a la Ordenanza reguladora de la Prestación Patrimonial de carácter público no tributario, de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos de la Ciudad de Soria”. Esta ordenanza fue aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 13 de febrero de 2025.

Una vez visto el anuncio oficial, la Asociación ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria presentó un escrito el 6 de marzo de 2025 porque el anuncio no indicaba el acceso a la documentación que se sometía a información pública y que por lo tanto no se podía ejercer el derecho a participar en la vida pública, y más cuando se trataba de temas con afección ambiental, tal y como establece la Constitución Española y diversas leyes. Esto ha creado una situación de indefensión a esta asociación y a la ciudadanía en general, y por ello se solicitaba que volviera a publicar correctamente el anuncio con toda documentación accesible.

La contestación del Ayuntamiento de Soria del 27/03/2025 fue que “se han publicado en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal los correspondientes anuncios con carácter previo a la aprobación inicial y con el texto íntegro de la propuesta de Ordenanza una vez aprobada inicialmente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales”.

La ordenanza, según el escrito firmado por la Concejala Delegada del Área de Desarrollo Sostenible, fue publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento entre el 21/01/2025 y el 4/02/2015 durante 14 días, sin que esta asociación haya recibido comunicación o notificación del tal anuncio, a pesar de que forma parte de las organizaciones ambientales incluidas en el Consejo de Medioambiente Municipal, ni ha observado que se haya dado publicidad a tal consulta en sus redes sociales o por otras vías con objeto de darle máxima difusión y obtener máxima participación ciudadana. A día de hoy no se puede tener acceso a la Ordenanza en la página web ni en la sede electrónica del Ayuntamiento, o está en un rincón difícil de encontrar.

En la contestación del Ayuntamiento a los ecologistas se observan varios incumplimientos más a la Ley de Procedimiento administrativo: no ha abierto un nuevo plazo de participación pública, ni tampoco ha reconocido o negado el carácter de ASDEN como parte interesada. También incumple la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que en su artículo 47, entre otras cosas, dice:

“ La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:

…

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

…”

En la aprobación de esta Ordenanza y de otras de carácter ambiental el Consejo Municipal de Medioambiente del Ayuntamiento de Soriana ha sido ignorado a pesar de que según las sus propias palabras es “una herramienta y órgano consultivo ideado para canalizar la participación de todos los agentes sociales de Soria en materia del medio ambiente local, tema valorado y cuestionado por distintos órganos sociales, que tiene la calidad de consultivo y no vinculante” y “surge para dar cumplimiento y garantizar la participación de los ciudadanos en la gestión de su entorno más cercano, como articulador de las políticas y acciones proambientales y urbanísticas del municipio” según reza en la introducción del Reglamento que lo regula del año 2013.

Ante esta situación, ASDEN va a volver a reiterar al Alcalde de Soria que: cumpla con la ley, actúe con transparencia y participación ciudadana en la elaboración de las ordenanzas, y abra un nuevo procedimiento de información pública y convoque al Consejo Municipal de Medioambiente. Hay que recordar que esta asociación soriana así como la Federación de Ecologistas en Acción de CyL tiene en su haber varias sentencias judiciales que han anulan numerosas resoluciones administrativas y normas por faltas en los procesos de información y participación pública; la última ha sido la Providencia del Tribunal Supremo del 5/03/2025 relativa al Plan Regional de Residuos de CyL.

Se adjunta:

• Copia de la contestación del Ayuntamiento de Soria a ASDEN del 27/03/2025, junto con:

– El texto publicado en la web el 21 de enero de 2025.

– Copia de justificante del periodo en el que ha estado accesible en la web.

– Copia del Borrador de la Ordenanza de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos de la Ciudad de Soria (El texto ha sido alegado y por lo tanto no es definitivo y tiene que se aprobada)

– ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria informa sobre la mortandad de peces y las sanciones derivadas del vertido del 31 de julio de 2022 al río Ucero en El Burgo de Osma.

– La personación de una organización ambiental en expedientes sancionadores permite saber a la sociedad cuál es su resultado, y sirve para que  la administración actúe con rigor.

– En los expedientes sancionadores ambientales de los vertidos al río Ucero se observan deficiencias en su tramitación.

El 31/07/2022 el colector de aguas  y en el aliviadero de la depuradora realizó un vertido de aguas residuales al río Ucero, que es uno de los  ríos trucheros más emblemáticos de la provincia y de toda CyL, produciendo la muerte de un gran número de peces de varias especies.

Tales hechos fueron constatados ese día, gracias el aviso de un pescador, por los agentes medioambientales de la Junta de CyL que actuaron  identificando el punto de vertido, tomando muestras de agua, avisando a otras autoridades con competencias y a los responsables de la depuradora, y dejando constancia en las correspondientes actas y denuncias; y además recogieron los cadáveres de los peces a los que tenían  acceso, que fueron sólo una parte de los que se murieron.

Al hacerse públicos los vertidos,  la asociación ASDEN-Ecologistas en Acción presentó los correspondientes escritos ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD),  la Consejería de Medio Ambiente de la JCyL y el Ayuntamiento de El Burgo de Osma para personarse como parte interesada como organización ambiental.

El Ayuntamiento no ha contestado a los escritos ecologistas, y seguramente no ha trasladado la posible responsabilidad a quién tenía la obligación  de controlar y mantener los colectores en buen estado.

El expediente la Confederación sancionó el 11/10/2023, más de un año después, al Ayuntamiento con 6.000€ por una infracción leve  por un “vertido de aguas residuales debido a un atasco entre el aliviadero y la planta de depuración en el río Ucero en T.M de El Burgo de Osma”. En el expediente se observan varias anomalías, como es el de no respetar los derechos de ASDEN como parte interesada, ni tampoco considerar el agravante de que los vertidos venían de antes y se siguieron produciendo, como así lo constató la JCyL con el informe emitido por los agentes medioambientales de la Junta de CyL el 19/10/2023. Esto demuestra el escaso interés del Ayuntamiento del Burgo por solucionar los problemas del colector al incumplir el requerimiento de la Confederación de “cesar inmediatamente el vertido no autorizado y cumplir con el condicionado de la autorización”.

Por otro lado el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la JCyL trasladó la denuncia a la Confederación  3 meses después del vertido,  tardó 6 días en analizar las muestras (un periodo de tiempo que le resta valor y calidad a los análisis del laboratorio) y  no inició el expediente hasta el 27/12/2023 (un año y 6 meses después) gracias a que ASDEN le escribió unas semanas antes recordándole que no había resuelto el expediente.

Aún así; la administración hizo una serie de absurdos requerimientos para considerar a la organización ecologista como parte interesada. Finalmente  la Asociación consiguió  recibir copia de la denuncia de los Agentes y otros documentos entre los que estaba el informe de la Sección de Espacios Naturales que indicaba que tal vertido supuso una infracción a la Ley de Pesca y a las leyes autonómicas y estatales de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Esta última recoge en su artículo 80.1.  a: “..la realización de vertidos, tanto líquidos como de sólido,…., que alteren las condiciones de los ecosistemas con daño para los valores en ellos contenidos. Del propio modo, tendrán la consideración de infracción la comisión de los hechos anteriormente mencionados aún cuando no se hubieran producido daños, siempre que hubiera existido un riesgo serio de alteración de las condiciones de los ecosistemas”

Este informe deja constancia de los peces muertos identificados por los agentes y su tasación de acuerdo a lo establecido por la Ley de Pesca correspondiente a 365 truchas y 310 ejemplares de las especies  gobio, cachos, bogas y piscardos.

Fragmento del informe de la Sección de Espacios Naturales y FyF.

La tasación de daños por la muerte de los peces fue de 12.602,70 €, no pudiendo contabilizar como daños los 72 peces que no fueron identificados ni recogidos, ni otra gran cantidad de alevines de varias especies que ni siquiera se pudieron cuantificar porque los agentes no tenían medios para acceder a los mismo. Otros daños al hábitat tampoco fueron identificados y valorados, como es la presencia de plásticos y residuos no biodegradables cuyo coste de retirada se debería haber valorado, así como el deterioro del hábitat y daño a la fauna invertebrada durante varios días o semanas por la acumulación en el fondo y sobre la vegetación de materia orgánica.

La propuesta de sanción realizada por el Servicio Territorial fue de 3000.1€ (la cantidad mínima) por una infracción grave que se ha podido reducir hasta los 1.800€  por pronto pago; y una indemnización por los daños y perjuicios causados que se fija en la cantidad de 12.602,70€; en total: 14.402,70€ como mínimo.  Ahora bien; no hay certeza en como se ha finalizado el expediente porque al ser una infracción grave es la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal  la que lo resuelve y no ha remitido la resolución.

ASDEN-Ecologistas en Acción saca como conclusión que los servicios de vigilancia y denuncia de vertidos por parte de la JCyL y de la Confederación del Duero  carecen de personal, de medios, organización y de criterios de prioridad en el tema de vertidos frente a otros temas, tanto en campo como en tareas administrativas, e incluso de interés cuando el autor es una persona o entidad  con relevancia económica o política.

Hay que destacar que la personalización ecologista en los expedientes abiertos por la JCyL y la CH. del Duero permite que la ciudadanía pueda conocer el resultado y detalles de los vertidos y su sanción. También  sirve para que las administraciones se vean forzadas a ser más rigurosas en su tramitación; algo que no siempre se consigue. Este tipo de hechos debería ser divulgado directamente por las administraciones, al menos en los casos más graves y significativos, con la obligada omisión de ciertos datos, como elemento de concienciación ambiental, generando confianza en el funcionamiento de los servicios de vigilancia y sanción de las administraciones, al igual que pasa en temas de caza, de tráfico, etc. que sí son divulgados.

Enlace a propuesta de resolución del S.T. de Medio Ambiente.

Enlace a resolución de la CH. del Duero